Las autoridades estatales han ofrecido su apoyo para fortalecer las acciones necesarias en el municipio y en toda la entidad.

“El hecho es primeramente lamentable”, señaló el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, destacando que el caso está en manos de la Fiscalía.

Añadió que el gobierno estatal trabajará en coordinación con las instancias de justicia para coadyuvar en las pesquisas.

Mientras tanto, en Villagrán, la FESPE llevó a cabo un operativo en el que elementos de seguridad fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 30 personas.

Según se informó, la intervención de las células mixtas responde a trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas sobre actividades delictivas en la zona.

La movilización en Villagrán derivó en la activación de protocolos de uso de la fuerza. 

“Nuestros policías estaban siendo agredidos con piedras, con barras de metal. No los agredieron por uno o dos, los agredieron al menos unas 30 personas”, explicó el secretario de Seguridad.

Aseguró que el actuar de los elementos se dio dentro del marco normativo.

“Cuando intervenimos, obedecemos a un manual, a un protocolo del uso de la fuerza”, enfatizó, añadiendo que, en este caso, los agentes respondieron a una situación de flagrancia delictiva.

En relación con un video que circula en redes sociales, donde se observa una presunta agresión de la FESPE en Villagrán, se indicó que no hay investigaciones en curso sobre el actuar de los elementos.

“Por el momento no hay ninguna investigación porque la policía estaba trabajando”, afirmó el funcionario estatal.

También se abordó el caso de un custodio del Cerezo de León, quien fue privado de su libertad en Silao y posteriormente localizado. 

“Sí se dio el hecho, ya apareció, y seguimos con las investigaciones”, informó el secretario, agregando que se determinará si el incidente tuvo un trasfondo personal o laboral.

El gobierno estatal reiteró su compromiso de fortalecer la presencia y la operatividad de las fuerzas de seguridad en todo Guanajuato, con un enfoque en inteligencia y trabajo conjunto con el Ministerio Público para dar contundencia a las acciones.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho delictivo mediante los números 089 y 800-TECUIDO, subrayando que la confianza en las fuerzas de seguridad es clave para obtener resultados en la lucha contra la criminalidad.

Estas prácticas, conocidas como “moches”, representaban hasta un 30% de retorno sobre los montos contratados, afectando tanto las finanzas públicas como la operatividad gubernamental.

Las irregularidades fueron identificadas principalmente en la compra de materiales para construcción.

“Donde sí tenemos más identificado, porque los mismos proveedores lo decían, fue en mantenimientos, donde sí les pedían hasta el 30% de retorno”, confirmó el tesorero municipal Juan Almaráz Vilchis, al detallar cómo operaban estos esquemas de cobro indebido.

Como consecuencia de estas prácticas, la administración tomó medidas para eliminar estas irregularidades.

“Cuando detectamos que sí hicieron algún mal manejo, ya no se les compra, o a menos de que se ajusten a lo que hay realmente”, afirmó el tesorero, destacando que la depuración del padrón de proveedores es una de las estrategias implementadas.

En este proceso de revisión, al menos diez a quince proveedores fueron excluidos de futuras adquisiciones municipales. Además, se aplicaron sanciones internas.

“Fueron dados de baja. De hecho, desde el inicio de la administración, yo les comentaba que el área de mantenimientos siempre la habían tenido como, incluso es una coordinación, no es como una dirección”, explicó el funcionario sobre la reorganización de esta dependencia.

Entre los servidores públicos implicados en estos cobros irregulares se identificó a dos empleados, incluyendo al coordinador anterior del área de mantenimiento.

“Dos empleados. Incluyendo el coordinador anterior”, detalló el tesorero municipal al ser cuestionado sobre el número de involucrados en estas prácticas.

Para evitar la repetición de estos actos, la administración municipal estableció mecanismos de transparencia en la compra de bienes y servicios.

Se reforzó el proceso de cotización con al menos tres propuestas por adquisición y se priorizó la contratación de proveedores locales, reduciendo la discrecionalidad en las decisiones de compra.

El impacto de estas medidas no solo busca eliminar la corrupción en los procesos de compra, sino también mejorar la eficiencia en el gasto público.

“Nosotros siempre estamos pidiendo tres cotizaciones. Entonces siempre vamos a comprar al más barato y mejor, porque también que ofrezcan productos de calidad a un buen precio”, indicó el tesorero.

La administración reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, sobre todo tras el incremento en la recaudación del impuesto predial.

“El compromiso es hacer buen uso de este recurso. El maestro está pidiendo, como siempre, prioridades en seguridad, en deporte, cultura e incluyó obra”, puntualizó Almaráz Vilchis.

Con estas acciones, la administración municipal de Celaya busca erradicar las prácticas irregulares en las adquisiciones, optimizar la inversión en infraestructura y mejorar los servicios públicos.

La depuración del padrón de proveedores y la vigilancia en los procesos de compra serán elementos clave en esta estrategia de transparencia y buen gobierno.

La agente, con dos décadas de servicio, era reconocida por su compromiso en la protección de mujeres y niños.

El ataque, registrado en la calle Ejido de Santa Teresa, también dejó a un hombre herido de gravedad.

De acuerdo con fuentes policiales, se trataría del hijo de la agente, quien fue trasladado de urgencia a un hospital con impactos de bala en el rostro y cuello.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, condenó el ataque y destacó la trayectoria de la agente.

“No solamente nosotros perdemos una excelente mujer, una excelente policía, sin embargo, y Celaya también pierde, una excelente policía de género que apoyaba a mujeres, niños y en todos sentidos”, expresó.

Sobre el motivo del ataque, el funcionario pidió evitar especulaciones y reiteró que no se tenía conocimiento de amenazas previas.

“No tenemos conocimientos, todavía no quiero polemizar en ese sentido”, declaró, señalando que la investigación está en manos de la Fiscalía.

El secretario aseguró confiar en la institución encargada de esclarecer los hechos.

“La Fiscalía, yo tengo confianza en la Fiscalía, me ha dicho que tiene muy avanzadas las investigaciones y que pronto nos dará resultados”, afirmó, enfatizando que se exigirá un esclarecimiento rápido y puntual.

Respecto al impacto en la corporación, el secretario reconoció el dolor y coraje entre los elementos tras la pérdida de una compañera muy querida.

“Es el ánimo que yo siento en estos momentos, de dolor y coraje, ese es el ánimo”, manifestó al referirse al sentir de los agentes.

En cuanto a la operatividad de la Policía de Género tras la pérdida de su comandante, aseguró que las estructuras seguirán funcionando.

“Hay alguien que es su segundo, hay alguien que tenemos que trabajar. Todo ya está perfectamente estructurado”, explicó.

Muñoz Huitrón insistió en la necesidad de combatir la desinformación y subrayó que los ataques recientes contra elementos policiales deben investigarse por separado.

“Son hechos diferentes, no los podemos vincular, son hechos diferentes, y en todos esos vamos a tener esclarecimiento”, puntualizó.

El funcionario reiteró que se brindará apoyo total a la familia de la agente y reafirmó su compromiso con la seguridad en Celaya.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este homicidio que ha golpeado a la corporación policial.

El delegado Rito Vargas Barela anunció la remoción de la directora del plantel y el seguimiento a los protocolos establecidos.

Entre las acciones inmediatas, se informó que el expediente del maestro señalado por presuntas agresiones ya fue removido y que se encuentra en proceso de investigación. 

“Estamos también nosotros muy ofendidos de la postura y de la situación que se dio en contra de la niña, razón por la que activamos el protocolo de protección, detección y actuación en casos de violencia”, expresó Vargas Barela.

Además, se aseguró que el docente acusado fue separado de su cargo y presentó su renuncia.

La Secretaría de Educación ha estado en coordinación con la Fiscalía General del Estado, garantizando el respaldo legal a las familias afectadas.

“Las mamás ya presentaron su denuncia correspondiente ante la fiscalía y, por nuestra parte, a través de la Comisión Estatal de Violencia, vamos a estarles dando el apoyo y el respaldo jurídico durante todo el proceso penal”, agregó.

Como acción inmediata, la delegación se comprometió a enviar una maestra para cubrir la ausencia del docente removido.

“El espacio que dejó él se va a cubrir a partir de la siguiente semana”, aseguró Vargas Barela. La medida busca garantizar la continuidad del proceso educativo sin afectar a los alumnos.

En cuanto a la directora, los padres de familia exigieron su retiro por presunta negligencia en el manejo de la denuncia. Tras el planteamiento, el delegado confirmó que se procederá con su remoción.

“Hoy la removemos, ya les estoy dando yo mi palabra”, indicó. Además, se realizará un seguimiento a la dirección del plantel para evitar futuras omisiones.

Sobre las acciones de seguimiento, la delegación estableció que se levantará una minuta de acuerdos con la comunidad escolar.

Asimismo, se brindará acompañamiento a las niñas y a sus familias mediante el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, asegurando el acceso a medidas de protección y asesoramiento.

Las autoridades educativas reiteraron su compromiso con la cero tolerancia a la violencia de género dentro de las escuelas.

“Nuestro compromiso es cero tolerancia al acoso sexual”, enfatizó Vargas Barela. Se reforzarán los protocolos para garantizar espacios seguros y prevenir futuros casos similares.

Finalmente, los padres de familia aceptaron la salida de la directora como condición para la reapertura del plantel.

La delegación aseguró que se realizarán reuniones de seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos y garantizar la estabilidad de la comunidad escolar.

El incidente cobró la vida de una mujer y dejó a un hombre, presuntamente su hijo, gravemente herido.

Fuentes policiales confirmaron que las víctimas eran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, específicamente de la policía de género, y se dirigían a su turno laboral.

Los hechos ocurrieron cerca de las 6 de la mañana de este jueves, cuando se informó al 911 sobre disparos en la calle Ejido de Santa Teresa, esquina con Ejido de Santa Rita. Elementos de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar.

A su llegada, los oficiales encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala, tendidos junto a una motocicleta. Solicitaron apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

El joven resultó lesionado y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como crítico, debido a que recibió al menos dos impactos de bala en el rostro y cuello.

Fuentes policiales confirmaron que las víctimas eran madre e hijo. La mujer fue identificada como Araceli, alias “Cheli”, mientras que el lesionado sería su hijo. Ambos pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana como Policías de Género.

De igual forma, señalaron que los oficiales se dirigían a su horario laboral cuando fueron interceptados por varias personas armadas, quienes huyeron tras la agresión.

Por el momento, se está a la espera de que las autoridades brinden una postura oficial ante estos hechos.

Cuatro alumnas habrían sido víctimas de conductas inapropiadas, incluyendo la exposición de material íntimo y conversaciones de contenido adulto.

La situación fue relatada y explicada por una madre, quien prefirió mantenerse en anonimato por temor a las represalias que podría tomar el maestro acusado.

“Lo que pasa es que se está acusando a un profesor de quinto año de corrupción de menores. Todo esto se suscitó de que a la directora le llegó un anónimo y mandó a hablar a una niña y ella le explicó qué es lo que estaba pasando. El maestro les mostraba fotos de un pene, de su pene, creo.”

La situación salió a la luz luego de que la directora del plantel recibiera un anónimo y confrontara a una de las afectadas, quien relató lo ocurrido.

A pesar de conocer la denuncia desde el jueves, el docente continuó impartiendo clases hasta el lunes. 

“El maestro les mostraba fotos de un miembro, de su miembro, creo”, detalló una madre.

Las familias presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, pero el docente no fue detenido en la escuela y obtuvo su libertad pocas horas después. 

“El maestro no se lo llevaron detenido el lunes de la escuela y el mismo lunes a las seis de la tarde a él ya lo habían dejado en libertad”, expresaron con indignación.

Desde la Delegación de Educación se informó que se enviaría un nuevo docente para suplir la vacante, sin ofrecer más explicaciones. 

“Nos dicen que siguen protocolos, pero respuesta no nos dan”, afirmó una madre afectada. 

La comunidad escolar exige medidas más severas y una solución efectiva al problema.

Los padres también manifestaron su preocupación ante la falta de apoyo psicológico para las menores.

“Por parte de la Secretaría no hay nada. Nada más que ellos están siguiendo sus protocolos”, denunciaron.

Consideran insuficiente la respuesta de las autoridades educativas ante la gravedad del caso.

Las familias afectadas piden la destitución de la directora por presunta negligencia y exigen garantías de seguridad para sus hijos.

“Queremos un maestro, pero que sea maestra, porque las niñas tienen miedo y no quieren un profesor hombre”, enfatizaron.

Aseguran que continuarán presionando hasta obtener respuestas.

El impacto en las niñas ha sido significativo, generando temor y desconfianza dentro del plantel.

Algunos padres optaron por retirar a sus hijas de la escuela hasta que se esclarezca la situación.

“Desde el lunes empezó a saberse todo esto”, relataron, visiblemente preocupados.

Finalmente, los afectados reiteraron su exigencia de justicia para las niñas involucradas y sanciones para los responsables.

“Queremos justicia para las niñas afectadas y que nos manden una maestra mujer, pero sobre todo justicia”, concluyó.

La comunidad escolar continuará en busca de respuestas y acciones contundentes.

Entre ellas destacan el incremento de rondines, instalación de casetas de vigilancia y la implementación de un paradero seguro.

Desde la manifestación estudiantil realizada la semana pasada, se establecieron compromisos que ya han sido cumplidos.

“Ya tenemos la caseta de vigilancia, el primer momento que ellos nos lo pidieron. Está personal de la Policía Municipal, también coordinados con la Guardia Nacional”, se informó en la entrevista.

Además de la instalación de la caseta, se han reforzado los patrullajes en los puntos estratégicos señalados por los estudiantes.

“Los recorridos ya se están haciendo de forma constante en los lugares donde ellos están pidiendo, obviamente atendiendo a todas las demás peticiones del municipio”, se detalló.

El paradero seguro para estudiantes también se ha consolidado como parte de las estrategias de seguridad.

“Tenemos el paradero seguro en los lugares donde se estacionan los autobuses y también incluso en los recorridos, durante los recorridos. Tenemos esa actividad de forma permanente”, se explicó.

El contacto directo con los estudiantes y directivos ha sido una prioridad en estas acciones. 

“Algo importante es siempre la coordinación con los alumnos, con el sector estudiantil. Ellos tienen contacto directo con el de la voz. Igualmente, la invitación que siempre se les hace es al 911, para una reacción inmediata”, se mencionó en la entrevista.

También se han llevado a cabo reuniones periódicas con los estudiantes para dar seguimiento a sus solicitudes.

“Yo creo que estamos abarcando todos los puntos y más, sin embargo, antes del movimiento que se llevó a cabo los estudiantes, ya teníamos el acercamiento con ellos”, se afirmó.

Hasta el momento, las acciones han permitido que el transporte y la movilidad estudiantil se desarrollen sin incidentes.

“No, por el momento no, todos nos han transportado de manera normal”, se indicó al respecto.

El compromiso de las autoridades municipales es mantener la seguridad de la comunidad estudiantil con operativos permanentes y una comunicación constante con los planteles, garantizando un entorno seguro para los estudiantes de Celaya.

Los proyectos presentados abarcan distintos rubros como agua potable, tratamiento de residuos, parques urbanos, vialidades y prevención de inundaciones.

Entre las propuestas destacadas se encuentran “plantas de tratamiento de aguas residuales para ciudad y comunidades, pozos de agua, línea morada, canales pluviales, camiones de basura de primer nivel y parques urbanos como el Xochipilli”.

La integración de las propuestas se realizó mediante un trabajo técnico coordinado por el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE), con la participación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, IMUBI, Jumapa, Medio Ambiente y Ecoforum.

“Se hicieron las fichas técnicas, se hicieron las cédulas, muchísima información, en verdad unas carpetas importantes, en donde nos pedían hasta cronograma de obra”.

La directora del IMIPE enfatizó que la colaboración con San José Iturbide permitió presentar ambos municipios una carpeta conjunta.

La entrega oficial de los proyectos se realizó el 15 de febrero, y se espera que el BID emita una respuesta en el mes de junio.

“Si es así, entonces tendremos la posibilidad de recursos que no son deuda, insisto, porque es a fondo perdido”.

El monto total solicitado por Celaya asciende a aproximadamente ocho mil millones de pesos, aunque la cantidad final dependerá de los proyectos que sean aceptados.

“Vamos a pensar que nos dan menos y mejor queremos darles el dato preciso de cuánto nos van a dar”.

El modelo de financiamiento implica que el BID se encargue directamente de la contratación y supervisión de las obras, garantizando la transparencia en el uso de los recursos.

“La supervisión, la contratación de lograrse cualquiera de ellos es directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo”.

En caso de obtener el financiamiento, los proyectos se licitarán y asignarán directamente por el BID, con la expectativa de que los recursos permitan reducir el rezago en infraestructura que enfrenta Celaya desde hace varios años.

“Si recibimos el apoyo del Banco Interamericano, lograremos salir de este gran bache en el que nos han estado dejando”.

La funcionaria destacó que la integración de los proyectos busca beneficiar tanto a la zona urbana como a las comunidades rurales del municipio, con acciones que mejoren la calidad de vida y la sustentabilidad.

“Van del rubro de todas las áreas, atendiendo no solamente a ciudad, sino también a comunidades”.

El proceso representa una oportunidad histórica para Celaya, al acceder a recursos internacionales sin endeudamiento, con la expectativa de mejorar la infraestructura básica y los servicios públicos para la población.

Esta medida busca evitar sanciones y garantizar un adecuado tratamiento de los desechos que ingresan al alcantarillado municipal.

Las multas por no contar con este permiso van desde los 565 pesos con 70 centavos y pueden aplicarse a establecimientos como carnicerías, tortillerías con nixtamalización, cocinas económicas, taquerías, restaurantes, autolavados, centros comerciales, gasolinerías y mercados.

“Invitamos a los ciudadanos que tienen comercios o que tienen alguna industria para que hagan su trámite de regularización del permiso de descarga de aguas residuales”, expuso JUMAPA.

Además de evitar sanciones económicas, la regularización de descargas contribuye a la reducción de la contaminación y mejora el saneamiento del agua.

La JUMAPA enfatizó que esta acción también favorece el funcionamiento de las redes de alcantarillado, reduciendo problemas de taponamientos y encharcamientos durante la temporada de lluvias.

“Esto va a permitir que cuando venga la temporada de lluvias, tengamos una mejor fluidez en las redes de alcantarillado y menos problemas en la ciudad”, señaló el organismo.

Para obtener el permiso de descarga, los interesados deben acudir a las oficinas de la JUMAPA, donde se brinda asesoría sobre los requisitos y procedimientos.

Se destacó que la junta está abierta a brindar apoyo para facilitar la regularización.

“La Junta Municipal de Agua Potable, la JUMAPA, está abierta a poderlos apoyar a que estén regularizados”, indicó la dependencia.

Los ingresos generados por estas contribuciones se destinan a mejoras en la infraestructura hídrica y saneamiento del municipio.

La JUMAPA reiteró que la correcta disposición de aguas residuales es un tema prioritario y que las acciones de regulación continuarán en los próximos meses.

La recaudación obtenida por estos permisos se suma a los esfuerzos de la administración para optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado.

También se informó sobre la implementación de estrategias para acercar los servicios a los ciudadanos, como la apertura de nuevas sucursales para trámites y pagos.

JUMAPA recordó que, además de la regularización de descargas, los usuarios pueden aprovechar descuentos en el pago anticipado del servicio de agua.

“Son los últimos días para que los usuarios puedan aprovechar este descuento que ofrece la Junta Municipal en el pago anticipado”, concluyó la dependencia, exhortando a la población a cumplir con sus contribuciones y evitar multas innecesarias.

Con estas acciones, la JUMAPA busca mejorar la eficiencia en la gestión del agua y garantizar un adecuado tratamiento de las descargas residuales en el municipio.

Hasta el momento, no hay información oficial que confirme modificaciones en sus actividades.

La directora de Desarrollo Económico, Analy de la Luz Rocha Álvarez, aseguró que no se ha recibido notificación sobre ajustes en la producción.

“No tenemos información referente a este movimiento, se escucha mucho, pero no hay formalización”, señaló la funcionaria municipal.

Recientemente, medios internacionales informaron que Shinji Aoyama, director y vicepresidente ejecutivo de Honda, indicó que la empresa analiza estrategias para mitigar el impacto del posible arancel del 25% a vehículos exportados desde México y Canadá hacia Estados Unidos.

Aoyama detalló que una de las medidas a corto plazo sería la reorganización de la producción entre sus plantas en Norteamérica.

“Lo que también podríamos hacer a corto plazo es reorganizar la mezcla de productos de la producción entre las plantas ubicadas en Norteamérica”, afirmó el directivo.

La planta de Honda en Celaya, que el 21 de febrero celebró 11 años de operación, cuenta con más de 4 mil 800 empleados y tiene la capacidad de fabricar hasta 196 mil unidades del modelo HR-V, además de 350 mil transmisiones CVT para exportación.

Rocha Álvarez explicó que un ajuste significativo en la producción conllevaría múltiples implicaciones laborales y logísticas.

“Imagínense todo lo que puede comprometer, distribución y mecanismos que empatan del movimiento de una empresa para la re localización”, comentó la funcionaria.

Finalmente, pidió esperar los acuerdos bilaterales que se discuten antes del 4 de marzo para evitar especulaciones.

“Lo veo complicado (una salida de Honda de Celaya), pero ese tipo de decisiones tiene muchas aristas y habrá que esperar”, concluyó.